Con gran sorpresa acabo de leer que esta mañana la Junta de Fiscales aprobó por 19 votos a favor, incluído el del Fiscal Jefe, contra 18 en contra la aprobación de la Amnistía para la malversación cometida en Octubre de 2017 por la preparación y comisión de todos los actos que llevaron a una parte de los catalanes a rebelarse contra el Estado para tratar de convertirse en una República independiente. Todo ello una vez que nuestro bondadoso Presidente del Gobierno, quien curiosamente lo es sin haber ganado ni una sola elección, hubiese concedido el Indulto para los cabecillas catalanes condenados por el Tribunal Supremo primero y, posteriormente, la Amnistía para que todo lo ocurrido quedase borrado y olvidado. Todo ello en aras de la convivencia pacífica y la concordia entre los españoles, según dijo nuestro «amado líder», aunque en la realidad lo fué para que un partido catalán independentista le concediese los siete votos que necesitaba para ser elegido Presidente de nuestro país, ya que con los por él obtenidos y los que le otorgaban otra pléyade de grupúsculos de diversos signos políticos pero un fondo común, no le alcanzaban para desbancar del puesto de Presidente a quien en realidad había ganado las elecciones al haber sido votado por una gran mayoría de los españoles.
Y una vez concedida la Amnistía los revolucionarios catalanes, en busca de la concordia y convivencia pacífica entre todos los españoles, algo digno de elogio, pese a que, como se ha visto recientemente en las elecciones catalanas de hace unos meses, a una gran mayoría de los catalanes les importa un bledo o no quieren la independencia del resto de nuestro país, los fiscales del Tribunal Supremo que habían juzgado y condenado a los organizadores de aquel esperpento de 2017, algo que el Rey también había censurado en su momento en una magnífica intervención televisada, se opusieron a que en dicha Amnistía se anulase también el delito de malversación de fondos públicos, algo que pagamos día a día todos los españoles. Pues bien, todo ello hoy ha quedado anulado: ni hubo delito de sedición ni tampoco de malversación. Y claro, ante ésto, los que no somos abogados ni expertos en Derecho entendemos que desde este momento cualquiera puede malversar sin que ello suponga un delito. Supongo que es así, ¿no?.
Una auténtica vergüenza, una más, que hay que sumar a los fondos públicos (españoles o europeos) malgastados durante la desgraciada pandemia de COVID-19; malgastados o apropiados en beneficio de algunos, cientos de millones como se va conociendo. Pero no pasa nada, al parecer todo son bulos interesados de una minoría «fascista», una palabra que cada vez se utiliza más para definir a los que descubren las verdades de todo lo que está ocurriendo en este país que día a día va en picado hacia el desastre total, en todos los sentidos. Y mientras tanto, el amado líder habla de que en julio va a decidir cómo se va a producir en este país la regeneración democrática. Y por ella se entiende o se supone, la promulgación de leyes o decretos que atenten contra la libertad de expresión, aunque esa expresión se corresponda con la realidad; igualmente se intuye que va a ser él y/o su Gobierno quien nombre a los jueces del Consejo General del Poder Judicial. Lógico, así no habrá disidencias a la hora de juzgar o tomar decisiones y nadie podrá quejarse, pues es ley o decreto presidencial. De hecho no sería lógico el que fuesen los propios jueces quienes eligiesen a sus máximos representantes ya que, por poner un ejemplo, ahora que estamos en la Eurocopa de Selecciones de fútbol no tendría sentido el que fuesen una serie de futbolistas los que eligiesen a los seleccionados o al seleccionador nacional. A mayores supongo que con estas nuevas normas de regeneración democrática se acabará con la «okupación» mafiosa que tanto daño hizo y hace a familias que han visto esfumarse su futuro. Se acabará también, supongo, con la inmigración ilegal y con la paga de mil y pico de euros (que salen de todos los españoles) a los que vienen a nuestro país de forma mafiosa. Se aumentarán también los fondos para Marruecos, y por supuesto se derogará la Ley Trans tal y como está vigente (una auténtica barbaridad desde un punto de vista médico y humano). O sea, será todo totalmente distinto a lo que estamos viviendo, por desgracia, aunque a lo mejor a los jóvenes sin oficio ni beneficio (porque no les da la gana) se les sigue otorgando una paga para que viajen gratuitamente, ahora en verano, por España y Europa.
Solo me queda una duda, quizás porque como ya dije no soy experto en Derecho, pero siempre creí que los fiscales actuaban como acusadores o defensores en un juicio, y eran los jueces los que tenían la última palabra y dictaban sentencia, pero ya veo que no, se puede malversar y el fiscal absuelve.
Y mientras tanto, los españoles vamos malviviendo, cada vez más, y pagando los destrozos físicos y urbanos de 2017 en Cataluña, por poner solo este ejemplo. E incluso se habla de una compensación fiscal, o algo así, a Cataluña. Pagarles 15.000 millones de euros que al parecer se les deben (¿Y al resto de españoles cuánto?, y permitir que recauden y utilicen sus propios impuestos mientras el resto seguimos pagándoles de mil y una forma distintas.
¿Realmente vale la pena ser político?. Yo no lo sería, jamás, pero está claro que hay muchos que no tienen otro medio para ganarse la vida, aunque sea a costa de destrozar la de los demás. Quizás todo esto es un bulo de la maquinaria del fango, se podrá decir, pero a quien lo lea le puedo asegurar que estoy totalmente limpio y aseado.
Jesús Devesa